La presión inmobiliaria traslada la demanda a la periferia de las grandes ciudades

La crisis económica provocada por la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el mercado inmobiliario español. Muchas personas han visto reducidos sus ingresos o han perdido sus empleos, lo que les ha dificultado acceder a una vivienda en las zonas más céntricas y caras de las grandes ciudades. Al mismo tiempo, el aumento del teletrabajo y la búsqueda de más espacio y calidad de vida han impulsado el interés por las zonas periféricas, donde los precios son más asequibles y la oferta es más amplia.

Según un informe de la consultora CBRE, el 40% de los compradores de vivienda en España en 2020 buscaban una casa en la periferia, frente al 28% que lo hacían en el centro. Esta tendencia se ha mantenido en el primer semestre de 2021, con un crecimiento del 18% de las transacciones en las zonas periféricas, mientras que en las zonas céntricas se han reducido un 9%. El informe también señala que el precio medio de la vivienda nueva en la periferia ha subido un 4,5% en el último año, mientras que en el centro ha bajado un 1,7%.

Los motivos que explican este cambio de preferencias son diversos. Por un lado, la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones y los inconvenientes de vivir en espacios reducidos, sin terraza ni jardín, y con escasas zonas verdes y equipamientos públicos. Por otro lado, el teletrabajo ha permitido a muchas personas ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos, y les ha dado más flexibilidad para elegir dónde vivir. Además, la oferta de vivienda nueva en la periferia es más variada y adaptada a las necesidades actuales de los compradores, con diseños más modernos, eficientes y sostenibles.

No obstante, este traslado de la demanda a la periferia también plantea algunos retos y riesgos. Por ejemplo, puede generar una mayor segregación socioespacial entre el centro y la periferia, con una concentración de población con menor poder adquisitivo y más vulnerabilidad en las zonas céntricas. También puede provocar una mayor dispersión urbana y un aumento del consumo de suelo y de los impactos ambientales. Por ello, es necesario que las administraciones públicas adopten medidas para garantizar el equilibrio territorial, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental del desarrollo urbano.