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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el Gobierno y el PP contra la Ley de Vivienda de Cataluña, que entró en vigor el pasado mes de junio. Esta norma, impulsada por los comunes y apoyada por ERC, JxCat y la CUP, establece medidas para regular el precio del alquiler, sancionar a los grandes tenedores de vivienda vacía y facilitar el acceso a la vivienda social.
Los recursos cuestionan la competencia de la Generalitat para legislar sobre estas materias y alegan que la ley vulnera el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. El Constitucional ha acordado dar traslado de los recursos al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Parlament, que disponen de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
La admisión a trámite no implica la suspensión cautelar de la ley, que sigue vigente mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, tanto el Gobierno como el PP han solicitado al tribunal que suspenda la norma de forma urgente, lo que podría decidirse en las próximas semanas.
La ley de vivienda catalana ha sido una de las más ambiciosas y polémicas del Estado español en materia de regulación del mercado inmobiliario. Sus defensores argumentan que es una herramienta necesaria para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación y los desahucios. Sus detractores sostienen que es una intervención arbitraria e ineficaz que perjudica a los propietarios y ahuyenta la inversión.
El debate sobre la ley se produce en un contexto de crisis habitacional agudizada por la pandemia, que ha golpeado especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Según el último informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, el precio medio del alquiler en la ciudad se situó en 15,5 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2021, un 3,5% menos que el año anterior, pero aún muy por encima de los niveles previos a la crisis económica de 2008.
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